Por José David Estrada

(21-Jul-2011).-Alfredo Argüelles Basave no ha salido del Congreso del Estado desde el 1 de febrero del 2004, y aunque nunca destacó por una producción legislativa, desde hace siete años está entre los escándalos más sonados.

En la 57 Legislatura fue nombrado presidente de la Comisión de Responsabilidades, y en ese periodo se le recuerda por haber presentado, junto con su compañero panista Ricardo Ríos Bojórquez, una iniciativa para que la tarifa del transporte público se incrementara automáticamente con la inflación.

Transportistas denunciaron en diciembre del 2006 que les habían pedido 3 mil pesos a cada permisionario, lo que sumaría entre 10 y 13 millones de pesos, a cambio de que presentaran la propuesta.

Argüelles y Ríos interpusieron una denuncia por difamación, pero no pasó nada.

Ese mismo mes, el Pleno reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo para permitir que un diputado saliente pudiese asumir el cargo de Secretario general del Congreso. El destinatario de la reforma fue Argüelles.

El 31 de enero del 2007, último día de la 57 Legislatura, Argüelles pidió licencia a su cargo de diputado y minutos después fue nombrado nuevo Secretario general, a quien la Junta de Coordinación Política acordó darle facultades especiales para firmar contratos sin tener que pasar por la Comisión de Administración.

Su primera labor como Secretario fue firmar los contratos para 148 empleados heredados por la 57 Legislatura. Los coordinadores de la 58 Legislatura, comandada por el panista Jorge Salinas, nunca le retiraron el poder de contratar y despedir unilateralmente, por lo que creó nóminas paralelas como la del 2008 -difundida el miércoles por MURAL-, y la del 2009 encontrada por la auditoría Russell Bedford.

Argüelles, quien si fuese denunciado podría enfrentar cargos de peculado, fraude, delitos cometidos en la custodia o guarda de documentos y desvío, así como aprovechamiento indebido de atribuciones, aspira a convertirse en el candidato del PAN a la Alcaldía tapatía en el 2012.

Hubo “mochada” en demanda al Congreso

EL LOBBY MAURICIO FERRER

◗ Apuntados para 2012

José María Martínez Martínez, Alfredo Argüelles Basave y Rodolfo Ocampo Velázquez son los nombres de los panistas que, por la llamada corriente tradicional que al interior del PAN local lidera el diputado federal Francisco Ramírez Acuña, aspiran a ser el candidato blanquiazul a la alcaldía de Guadalajara en 2012.

Los tres personajes –los dos primeros diputados locales y el tercero, ex titular del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA)–, degustaron este miércoles cortes y vinos en un restaurante en compañía de los dirigentes panistas en Guadalajara, Manuel Romo Parra, y en el estado, Hernán Cortés Berumen.

Desde la noche anterior a la comilona panista había circulado la versión de que se definirían las reglas del juego por la candidatura blanquiazul para Guadalajara. De paso, aseguraron fuentes panistas, se acordaría cerrar filas en torno a Cortés Berumen para la candidatura de AN al gobierno de Jalisco, también en 2012.

Juan Carlos Partida, reportero de este diario, informó ayer que había trascendido que Ocampo declinaría a favor de Argüelles, por lo que solamente dos nombres suenan dentro de la corriente política del ex mandatario jalisciense: José  María Martínez Martínez y Alfredo Argüelles Basave.

Hasta ahora, Martínez Martínez es el que más suena como favorito dentro de la contienda interna paquista. Previo a la contienda interna panista para las elecciones de 2009, fue un acuerdo que el entonces diputado Jorge Salinas iría por Guadalajara como abanderado albiazul ese año. De paso, quedó establecido que sería Abraham González Uyeda el candidato del grupo de Ramírez Acuña el chido para la gubernatura en 2012; y Martínez Martínez –quien entonces era simple regidor tapatío– el muchacho que encabezaría al PAN para Guadalajara dentro de dos años.

Pero los resultados dieron un giro tremendo. Primero, la derrota panista en las urnas que llevó de regreso al PRI a Guadalajara. Segundo: Salinas quedó como regidor, Uyeda como un efímero coordinador de bancada legislativa –y por ende como un fugaz aspirante a una candidatura en 2012– y Chema Martínez como el ganón en todo esto. Suplió a Uyeda como líder de la fracción y ha ganado reflectores mediáticos, lo cual lo pone tanto en ventaja como en desventaja para lograr lo que todos quieren: la alcaldía de Guadalajara cuando el priísta Aristóteles Sandoval finalice su trienio (si es que antes no se lanza como candidato al gobierno estatal, que todo apunta hacia allá).

De lograr ser el muchacho de la corriente panista, Chema Martínez tendrá que enfrentar al bueno de Casa Jalisco. Hasta ahora solo suena el nombre de César Madrigal, diputado federal y ex legislador local, afín al grupo del gobernador Emilio González Márquez.

Por otro lado, no se ha definido aún quién será el suspirante por el gobierno de Jalisco en el lado de los paquistas. Hernán Cortés es uno de varios que quiere llegar a “la grande” de la entidad pero González Uyeda tampoco se descarta (él mismo, claro está).

En la cancha de Casa Jalisco son dos los que hasta ahora se disputan ser el buenazo para 2012: el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez y el titular de Promoción Económica, Alonso Ulloa Vélez.

Dicen que este último anda coqueteando con la dirigencia estatal, más apegada a Ramírez Acuña que otra cosa. A ello se suma que ha salido al quite, como buen sparring, en el conflicto que mantiene el gobierno estatal con la Universidad de Guadalajara. Tan sólo el miércoles pasado se atrevió  a decir que la FIL y el Auditorio Telmex, como negocio, son un fracaso.

Por lo pronto ya saltó el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán, quien dijo que no son tiempos de destape. De continuar así, van a llegar más peleados que nunca hacia 2012; mismo escenario que en 2009.

La casa paga

Pérdida de tiempo… y de recursos. ¿De qué sirvió ir hasta México y tomarse la foto juntitos los dos? Casa Jalisco no ha interrumpido su campaña contra la UdeG en espots televisivos ni en boca de funcionarios; la casa de estudios continúa en marchas. Lo mejor hubiera sido interrumpir de un lado y otro los mutuos golpes para ir, al menos más relajaditos, a la mesa de diálogo que dizque acordaron.

Como parte del compromiso de la Comisión de Readaptación Social del Congreso del Estado, que preside el Diputado Miguel Monraz Ibarra, de revisar físicamente las condiciones en que se encuentran los diferentes penales de Jalisco y la atención que se le da a los reclusos, se realizó el día de ayer un recorrido de supervisión por el Centro de Readaptación de Puerto Vallarta.

En el recorrido, al que asistieron también los diputados Claudia Rodríguez Fernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y Alfredo Arguelles Basave, vocal de Readaptación Social, se destacó la falta de recursos y personal de atención a los internos que se vive en estos centros, así como el retraso en la expedición de sentencias a los internos, asunto que fue calificado como grave por parte de los legisladores.

En el recorrido, Monraz Ibarra calificó como delicada la situación al interior de los penales estatales, ya que cerca del 45 por ciento de los más de 16 mil internos que hay en el Estado no tienen sentencia definida.

“Platicamos con algunos de los internos que llevan cinco años y medio, dos años, tres años y su proceso aún no termina, cuando en algunos de los casos la pena máxima sería de seis a tres años de prisión”, explicó.

Por estas irregularidades, el diputado hizo un exhorto al Poder Judicial estatal y a los ministerios públicos para que integren de manera expedita los expedientes de los reclusos y no se les violenten sus derechos constitucionales.
Reconoció que hay graves carencias en cuanto a personal, instalaciones, recursos, y talleres necesarios para la rehabilitación, por lo que recordó que son cerca de 600 millones de pesos los que se requieren de manera urgente para subsanar en lo posible estas deficiencias.

“El Congreso del Estado, a parte de aprobar los recursos, tiene que crear las condiciones legales que den certidumbre jurídica a los ofendidos, a las personas que fueron dañadas en sus bienes, de que van a tener un proceso las personas que cometieron un delito, justo y transparente”, explicó.

Igualmente, reiteró la necesidad de incrementar el presupuesto al sistema de seguridad de Jalisco, la importancia de revisar las iniciativas que ha mandado el Ejecutivo estatal y echar a andar el instituto de Justicia Alternativa, como elementos necesarios para mejorar la impartición de justicia en Jalisco.

Explicó que será en un par de semanas más cuando se presente una nueva propuesta de la Ley de Ejecución de Penas, misma que contará con las aportaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, del Secretario General de Gobierno, de los encargados de los penales del estado, el Poder Judicial, los ministerios públicos, la Procuraduría estatal, y del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

“Estamos escuchando los problemas que tienen los internos, las necesidades que tienen los directores para hacer leyes que nos den certeza y para buscar presupuestos, sobre todo etiquetados en proyectos específicos”, recalcó.

Por su parte, la Diputada Claudia Esther Rodríguez, señaló que en todas las visitas que se han realizado a centros penitenciarios, la constante ha sido la lentitud con que se llevan sus procesos penales, el cual en muchos de los casos supera incluso el tiempo de condena estipulado por los delitos cometidos, hecho que destacó, violenta gravemente los derechos humanos de los detenidos.

Recalcó la importancia de realizar estas visitas a los reclusorios, ya que es la única manera de constatar las condiciones que viven los reos. “Estamos aquí, no estamos detrás del escritorio llegándonos de información; estamos aquí donde se viven las necesidades, y estamos en apoyo para ver cómo se pueden hacer las cosas, y desde el Legislativo tratar de subsanar estos vacíos!, finalizó.

Para finalizar, el Diputado Alfredo Arguelles Basave, reconoció la importancia de los programas de rehabilitación con que cuentan penales como el de Puerto Vallarta, ya que se destacó que más del 90 por ciento de los reclusos cometió delitos bajo la influencia de sustancias prohibidas.
“La implementación de este tipo de programas es muy importante, ya que implica que al reinsertarlos a la sociedad ya sin adicciones y vicios, se está cumpliendo cabalmente con la función de readaptación social”, concluyó.

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